El show debe continuar
Evitaré analizar el contenido del fallo de la Corte Constitucional sobre la reelección de Uribe por varias razones; principalmente porque no soy lego en la materia, pero también porque considero que, más que un tópico a debatir, es un hecho cumplido que además tiene más implicaciones positivas que negativas.
Pienso que el espaldarazo de la Corte a las aspiraciones del Gobierno evita una sublevación cantada e innecesaria contra las Instituciones por parte de los seguidores de Uribe a un fallo contrario. Su percepción de que nueve magistrados podían impedir con un pronunciamiento la redención del país por parte de su caudillo era perfectamente válida.
Varias personalidades han salido a recalcar con insistencia que la decisión se tomó en derecho por cuanto el fallo está apoyado en razones jurídicas, pero lo cierto es que quienes votaron en contra también tenían argumentos jurídicos sólidos. En mi opinión la Corte obró políticamente, como es la naturaleza de su composición, justificando en Derecho la opción de modificar la Constitución para un fin coyuntural como es la continuidad de un mandato. Ante la avalancha de presiones de toda índole y la contundencia de las encuestas de opinión, unos pocos magistrados salvaron su voto, mientras que la mayoría salvó su pellejo. Con un fallo negativo la Corte hubiera ganado en respetabilidad para unos, pero hubiera quedado como el verdugo de Uribe para muchos y por siempre.
Con el fallo a favor reina una cierta tranquilidad. Aunque el juego y las reglas fueron inventados por Uribe, para la democracia resulta mejor una confrontación en franca lid, como sucedió con el referendo, que el escenario de un caudillo “amordazado” por la Corte y aclamado por su pueblo.
Lamentablemente la franca lid es relativa cuando uno de los candidatos tiene igual poder que el Presidente, puede utilizar los consejos comunales y medios de comunicación tres años antes que los otros candidatos para crear su imagen, puede cambiar la Constitución para nominarse oficialmente y podrá manejar todos los hilos del régimen para sus fines personales, en un país que no se caracteriza propiamente por la transparencia, por más que la agite ahora como bandera propia.
De cualquier modo, parece despejado el panorama político, aunque todo parece indicar que el show continuará ahora con la Ley de Garantías en trámite de aprobación. Para el caso aplica lo mismo: la Corte deberá aprobarla como parte del kit de reelección y todo seguirá su curso natural. Derrotar esta tendencia no es imposible pero si extremadamente difícil. Primero, porque está en manos de un potencial electorado en su mayoría abstencionista, incrédulo y decepcionado del establecimiento, pero principalmente y en consecuencia, porque no aparece en la palestra una figura pública que represente el verdadero cambio de las costumbres políticas hacia un modelo que garantice equidad social. ¿Hablo de Antanas? Tal vez. ¿Con un Carlos Gaviria como fórmula vicepresidencial? Por qué no.
